Primera Reunión de seguimiento de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe

09 de julio de 2013

El IPPDH participó, en Costa Rica, de este encuentro que se llevó a cabo del 3 al 5 de julio, organizado por la CONAPAM, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y contó con apoyo técnico de la CEPAL.

Del 3 al 5 de julio de 2013 se llevó cabo, en San José de Costa Rica, la primera Reunión de seguimiento de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Organizada por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la reunión fue realizada con el objetivo de cumplir con lo establecido en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, celebrada en mayo de 2012, en la cual se adoptó la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe.

El encuentro tuvo el propósito de acelerar la implementación de los acuerdos -a escala nacional-establecidos por la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores y asumidos como compromiso por los Estados miembros de la CEPAL. Además, buscó contribuir al proceso internacional dirigido a incrementar la protección de los derechos humanos de las personas mayores en el marco de las Naciones Unidas.

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) ha venido participando del proceso de negociación establecido para la elaboración de una Convención Interamericana para la protección de los derechos de las personas adultas mayores. En ese marco, fue invitado a exponer en el panel Autonomía, capacidad legal y consentimiento informado, poniendo atención en los aspectos conceptuales, legales y prácticos para hacer efectivos los derechos de las personas mayores en este ámbito. El panel estuvo integrado, además, por Rodrigo Jiménez Sandoval, codirector de la Fundación Justicia y Género, Costa Rica, y Alejandro Morlachetti, profesor de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de La Plata.

Otros paneles estuvieron enfocados en los siguientes temas: Discriminación por edad y discriminación múltiple; Acceso a la justicia y derechos humanos; Independencia y trabajo; Protección social, solidaridad y cuidado; Salud, dependencia, y cuidados paliativos e Institucionalidad pública y enfoque de derechos.

La Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores expresa el consenso regional para abordar, desde una perspectiva de derechos humanos, los asuntos de las personas mayores. Entre los puntos acordados por los Estados miembros de la CEPAL, se destacan: potenciar el rol del Estado para mejorar y ampliar la cobertura y calidad de protección social, superando prácticas que fomentan la desigualdad y afectan a los grupos más desprotegidos (mujeres mayores, personas mayores rurales, migrantes y los ancianos indígenas); avanzar hacia el reconocimiento y la inclusión del cuidado en las políticas públicas; y fortalecer las capacidades nacionales para hacer efectivos los derechos de las personas mayores.

En la Carta, por su parte, los representantes gubernamentales reafirmaron el compromiso expresado en la Declaración de Brasilia de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y entregar asistencia a las personas mayores en situaciones de emergencia o desastres naturales. Además, se comprometieron a reforzar la protección de los derechos humanos, garantizando el derecho de acceso a la justicia y brindando un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Asimismo, se respaldó la labor del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas de composición abierta sobre el envejecimiento y del Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la Organización de Estados Americanos, así como la designación de un relator especial encargado de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de este colectivo bajo el auspicio del Consejo de Derechos Humanos.

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